La norma, al pie de la letra

La Ley 9283 de Córdoba, con el texto a la vista

No es una ley penal: no crea delitos ni impone penas. Crea un procedimiento que puede excluir a alguien de su casa en horas, sin haberlo escuchado y sin que haya delito. Qué dice exactamente, a quiénes alcanza, qué puede ordenar un juez y en qué plazos.

Por José Manuel Fiz Chapero · Abogado penalista, Córdoba

La Ley 9283 es la norma que gobierna, en Córdoba, todo lo que ocurre desde que alguien denuncia un hecho de violencia familiar hasta que un juez levanta las medidas. No es una ley penal: no crea delitos ni impone penas. Es una ley de protección, con un procedimiento propio, plazos propios y un catálogo de medidas cautelares que puede alterar la vida cotidiana de una familia en cuestión de horas. Entenderla importa tanto a quien denuncia como a quien es denunciado, y por razones distintas. Esta página explica qué dice, con las normas transcriptas. Es información general y no asesoramiento sobre un caso concreto.

Qué es y desde cuándo rige

Fue sancionada el 1 de marzo de 2006 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 13 de marzo de ese año, con promulgación por decreto 240/06. El texto que hoy se aplica no es, sin embargo, el original: fue reformado en profundidad por la Ley 10.400, publicada el 25 de noviembre de 2016, que reescribió buena parte de su articulado —entre otras cosas, el objeto, el alcance, la competencia, el catálogo de medidas y los plazos— y derogó su artículo 29. Cuando se consulta la ley conviene asegurarse de estar leyendo el texto consolidado y no la versión de 2006, que aún circula.

Su artículo 1º declara que sus disposiciones son de orden público e interés social, y fija el objeto: la prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia familiar y de la violencia hacia las mujeres por cuestiones de género en la modalidad doméstica.

A quiénes alcanza

El concepto de «grupo familiar» de esta ley es mucho más amplio de lo que se supone, y ahí empiezan la mayoría de los malentendidos.

Ley 9283, art. 4º — «Quedan comprendidas en este plexo normativo todas aquellas personas que sufriesen lesiones o malos tratos físicos o psíquicos por parte de algunos de los integrantes del grupo familiar, entendiéndose por tal el surgido del matrimonio, de uniones convivenciales o de relaciones afectivas, sean convivientes o no, persista o haya cesado el vínculo, comprendiendo ascendientes, descendientes, colaterales y afines, como asimismo las mujeres que fueren víctimas de violencia de género producida con la modalidad doméstica con el alcance previsto en el inciso a) del artículo 6º de la Ley Nacional Nº 26485».

«Sean convivientes o no, persista o haya cesado el vínculo»: dos exparejas que nunca vivieron juntas y que se separaron hace años siguen dentro del ámbito de la ley. Y el artículo 5º reconoce cuatro tipos de violencia —física, psicológica o emocional, sexual y económica— con definiciones extensas, de modo que la ley no se agota en los golpes.

El punto que más sorprende: no hace falta que haya delito

Ley 9283, art. 3º — «A los efectos de la aplicación de la presente Ley, se entiende por violencia familiar toda acción, omisión o abuso dirigido a dominar, someter, controlar o agredir la integridad física, psíquica, moral, psicoemocional, sexual y/o la libertad de una persona en el ámbito familiar, aunque esa actitud no configure delito».

Esa cláusula final explica una experiencia que a quien es denunciado le resulta incomprensible: que se dicten medidas restrictivas sin que exista un delito imputado, e incluso cuando la causa penal paralela termina archivada. No es un error del sistema: es exactamente lo que la ley dispone. El estándar de la ley de protección y el estándar penal son distintos, y no se contagian entre sí.

Quién interviene

Ley 9283, art. 9º — «Los Juzgados de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género, las Fiscalías de Violencia Familiar, las Fiscalías de Instrucción y los Juzgados de Primera Instancia con competencia múltiple, son competentes para entender en los supuestos previstos en el artículo 4º de la presente Ley».

A eso se suman dos previsiones pensadas para que nunca haya un hueco. El artículo 10 habilita a las Fiscalías de Instrucción a intervenir en días y horas inhábiles, pudiendo disponer las medidas del artículo 21 «en forma directa y provisional», con la carga de remitir al juez competente testimonio completo dentro de las veinticuatro horas; el juez tiene entonces un máximo de cuarenta y ocho horas para confirmar, modificar o revocar. El artículo 11 da competencia a los juzgados de paz para las urgencias en sus jurisdicciones, con obligación de elevar de inmediato.

Quién puede denunciar, y quién está obligado

Denunciar puede cualquiera: el artículo 13 legitima a las personas del artículo 4º y a toda persona que haya tomado conocimiento de los hechos. Pero hay un grupo para el cual denunciar no es una opción.

Ley 9283, art. 14 — «Las personas que se desempeñen en servicios asistenciales, policiales, sociales, educativos, de justicia y de salud y, en general, quienes desde el ámbito público o privado, con motivo o en ocasión de sus funciones, tomen conocimiento de un hecho de violencia en los términos de la presente Ley, o sospechen fundadamente de su existencia, están obligados a formular de manera inmediata las denuncias que correspondan, aun en aquellos casos en que el hecho no configure delito, quedando liberados del secreto profesional a tal efecto, si así correspondiere. El denunciante lo hará en carácter de identidad reservada».

La denuncia puede hacerse ante las unidades judiciales, y el artículo 15 obliga a entregar copia. Una previsión de ese artículo suele desconocerse y conviene tenerla presente: si la presentación se hizo en una dependencia policial e incluso si tuvo la forma de una simple exposición, cuando de ella surjan posibles hechos de violencia debe remitirse de inmediato a la autoridad judicial competente. El artículo 17 manda mantener en reserva la identidad del denunciante, y el 19 establece que el procedimiento es gratuito y que la defensa, representación y patrocinio de la víctima no tienen costo.

Las medidas del artículo 21

Es el núcleo de la ley. El artículo 20 impone al juez el deber de disponer todas las medidas tendientes a proteger la vida, la integridad física o emocional, la libertad y la seguridad personal de la víctima, y el 21 enumera un catálogo que no es taxativo. Entre otras, el juez puede:

excluir al agresor de la residencia común, sin importar quién sea el titular, con inventario judicial de los bienes;
reintegrar al domicilio a la víctima que había salido por razones de seguridad, previa exclusión del denunciado;
disponer —inaudita parte— el alojamiento inmediato de la víctima en refugios, establecimientos hoteleros o similares, o en la residencia de familiares o allegados que lo acepten;
prohibir, restringir o limitar la presencia del denunciado en el domicilio, el trabajo, el lugar de estudio o de esparcimiento de la víctima;
prohibirle comunicarse por cualquier medio, «incluso el informático o cibernético»;
incautar las armas que tuviere en su poder, con comunicación a la ANMAC;
otorgar la guarda provisoria de la víctima menor o incapaz;
fijar provisionalmente alimentos, cuidado personal y comunicación;
disponer su asistencia obligatoria a programas de rehabilitación;
prohibirle enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar bienes gananciales o comunes de la pareja;
otorgar a la víctima el uso exclusivo del mobiliario de la casa;
suspender provisoriamente el régimen comunicacional;
ordenar medidas de seguridad en el domicilio y el acompañamiento de la fuerza pública para retirar efectos personales;
disponer la utilización de dispositivos electrónicos de prevención, conforme la reglamentación del Tribunal Superior de Justicia.

Y cierra con una cláusula abierta: «sin perjuicio de las medidas enumeradas precedentemente, el juez puede adoptar cualquier otra medida que resulte necesaria para hacer cesar la situación de violencia».

Dos previsiones del mismo artículo deciden cómo se vive todo esto desde el lado del denunciado. La primera: las medidas se adoptan inaudita parte «cuando la urgencia del caso lo amerite», y esa es la regla en la práctica. Nadie llama al denunciado antes. La segunda: son apelables dentro de los tres días hábiles, pero «la apelación contra resoluciones que concedan medidas preventivas urgentes se concederá sin efecto suspensivo». Traducido: apelar no suspende la medida. Se cumple igual mientras se discute.

Los plazos, que corren desde el primer día

Ley 9283, art. 22 — «En todos los casos previstos en el artículo 21 de esta Ley el Juez ordenará, a quién entienda conveniente, la supervisión de su cumplimiento, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública para asegurarlo.

En un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas de adoptada la medida, convocará a una audiencia a los efectos de su evaluación, la que se receptará en un término no mayor a diez días. En caso de incomparecencia de la víctima de violencia a la audiencia prevista precedentemente, debe fijarse una nueva en un plazo que no puede exceder las setenta y dos horas. Si fuere el denunciado quien no concurriere se lo hará comparecer con el auxilio de la fuerza pública.

En dicha audiencia escuchará a las partes por separado y ordenará las medidas que estime pertinentes».

«Por separado» no es un detalle: el artículo 27 prohíbe expresamente la confrontación o el comparecimiento conjunto de víctima y denunciado, con el principio orientador de prevenir la revictimización. Y una consecuencia práctica del mismo artículo 22 que conviene subrayar: al denunciado que no se presenta se lo hace comparecer por la fuerza pública. No ir no es una estrategia.

La audiencia es, además, la primera oportunidad real de ser oído. Llegar a ella con documentación —mensajes completos y no recortados, constancias de domicilio, testigos, antecedentes del vínculo— no es lo mismo que llegar a explicarse de memoria. Entre la medida y la audiencia puede haber diez días: son diez días de trabajo, no de espera.

Cuánto duran las medidas

Ley 9283, art. 23 — «Las medidas adoptadas tienen el alcance y la duración que el Juez disponga, respecto de las cuales debe fijar un plazo conforme a los antecedentes que obren en el expediente, plazo que puede ser prorrogado cuando perduren situaciones de riesgo que así lo justifiquen».

No hay un plazo legal fijo: lo fija el juez, y puede prorrogarlo. Por eso el momento de discutir el alcance y la duración es al principio, cuando todavía se está formando el criterio del tribunal, y no seis meses después. El mismo artículo prevé que, cumplido el plazo y asegurada la finalidad, el juez puede ordenar el archivo.

Qué pasa si se incumple una medida

Ley 9283, art. 30 — «Ante el incumplimiento de las medidas dispuestas o la reiteración de hechos de violencia el tribunal puede imponer al denunciado medidas tales como: a) Aplicación de astreintes; b) Realización de trabajos comunitarios […]; y c) Asistencia obligatoria del agresor a programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la modificación de conductas violentas. Asimismo, cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito el juez debe poner el hecho en conocimiento de la Fiscalía de Instrucción en turno».

Esta es la norma que conviene leer dos veces. Un incumplimiento no sólo habilita sanciones dentro del expediente de protección: abre la puerta a una causa penal nueva y autónoma. Y a diferencia de los hechos originalmente denunciados —que suelen ocurrir sin testigos y se discuten— el incumplimiento de una medida se prueba con una captura de pantalla. Es el modo más rápido de convertir un caso discutible en un caso perdido.

Dos expedientes que caminan juntos

El artículo 12 obliga a notificar a la Fiscalía de Instrucción que corresponda toda actuación judicial de esta ley, desde el inicio, siempre que de los hechos denunciados resulte prima facie la comisión de un delito perseguible de oficio. De modo que una misma denuncia puede generar dos expedientes con lógicas distintas: el de protección, rápido y cautelar, y el penal, que exige el estándar probatorio propio del derecho penal. Que uno termine no decide la suerte del otro.

En la dirección inversa, el artículo 28 impone que cuando en actuaciones penales se hubiere dispuesto la prisión preventiva, la Fiscalía de Instrucción, el Juzgado de Control, el Juzgado de Ejecución Penal o la Cámara del Crimen comuniquen el cese de prisión, el recupero de la libertad, la libertad condicional, las salidas transitorias o cualquier forma de conclusión del proceso al juzgado competente en violencia familiar, y también a la víctima, antes de hacerlos efectivos.

Esta página transcribe la Ley 9283 según su texto consolidado vigente al día de esta publicación; conviene verificarlo siempre en su fuente oficial, porque es una ley que ya fue reformada una vez en profundidad. No es asesoramiento sobre un caso concreto. Si te denunciaron o tenés una audiencia del artículo 22 en los próximos días, contame qué medidas se dictaron y qué fecha te dieron.

Para seguir leyendo: qué pasa, paso a paso, cuando te denuncian por violencia familiar, cómo trabajo estas causas y por qué un sobreseimiento no prueba, por sí solo, una falsa denuncia.