Área de práctica

Estafas y defraudaciones

La frontera entre un delito y un conflicto comercial no está en el perjuicio, que en los dos casos existe, sino en el engaño previo. Ese es el eslabón que la fiscalía tiene que probar y el primer lugar donde mirar, se esté del lado de quien denuncia o del lado de quien fue denunciado.

Las escalas

Estafa (art. 172) — prisión de 1 mes a 6 años.
Casos especiales de defraudación (art. 173, dieciséis incisos) — la misma pena del art. 172.
Defraudaciones agravadas (art. 174) — prisión de 2 a 6 años.
Defraudaciones menores (art. 175) — multa.
Cheque sin fondos (art. 302) — prisión de 6 meses a 4 años e inhabilitación especial de 1 a 5 años.

No todo incumplimiento es una estafa

Conviene empezar por acá, porque es donde se resuelve la mayoría de estas causas. Una deuda impaga, un contrato que se cayó, un negocio que salió mal: nada de eso es materia penal por sí solo. El artículo 172 exige algo más, y lo exige antes del perjuicio.

Código Penal, art. 172 — «Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño».

La norma describe una secuencia, no un resultado. Primero el ardid o el engaño. Después el error de la víctima. Después la entrega o disposición de bienes que la víctima hace por ese error. Y recién al final el perjuicio patrimonial. Si falta el eslabón inicial —si quien recibió el dinero tenía al momento de recibirlo la intención y la posibilidad de cumplir, y después no pudo— lo que hay no es un delito, sino un conflicto civil, con su propia vía y su propio juez.

Por eso la pregunta que ordena una causa por estafa casi nunca es «¿hubo perjuicio?», sino «¿qué se dijo, y cuándo se dijo?». El engaño tiene que ser anterior a la entrega y causante de ella. Reconstruir esa cronología —los mensajes, las transferencias, los recibos, las fechas— es el trabajo central, y sirve igual para quien acusa y para quien se defiende.

El artículo 173, que es donde cae casi todo

El 172 define la estafa genérica. El 173 enumera dieciséis supuestos que la ley reprime con la misma pena. Dos de ellos explican el grueso de las denuncias de los últimos años.

Código Penal, art. 173 inc. 15 — «El que defraudare mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o débito, cuando la misma hubiere sido falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida u obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño, o mediante el uso no autorizado de sus datos, aunque lo hiciere por medio de una operación automática». (Inciso incorporado por art. 1° de la Ley N° 25.930, B.O. 21/9/2004.)

Código Penal, art. 173 inc. 16 — «El que defraudare a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos». (Inciso incorporado por art. 9° de la Ley N° 26.388, B.O. 25/6/2008.)

La diferencia técnica entre los dos no es menor, porque de ella depende el encuadre. El inciso 16 exige una manipulación informática que altere el funcionamiento del sistema o la transmisión de datos. La maniobra más común de hoy —el llamado o el mensaje que convence a la propia víctima de entregar sus claves o de hacer la transferencia con sus manos— no altera ningún sistema: engaña a una persona. Suele encuadrar, entonces, en el artículo 172, o en el inciso 15 si hubo uso no autorizado de los datos de una tarjeta, antes que en el 16. Parece una discusión de etiquetas y no lo es. Define qué hay que probar y dónde se investiga.

El cheque tiene su propio artículo

Código Penal, art. 302 — «Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, siempre que no concurran las circunstancias del artículo 172: 1º. El que dé en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero un cheque sin tener provisión de fondos o autorización expresa para girar en descubierto, y no lo abonare en moneda nacional dentro de las veinticuatro horas de habérsele comunicado la falta de pago mediante aviso bancario, comunicación del tenedor o cualquier otra forma documentada de interpelación».

De ese texto salen dos cosas que hay que tener presentes desde el primer día. El inciso 1 trae una vía de salida expresa: el pago dentro de las veinticuatro horas de la interpelación documentada. Por eso la fecha y la forma de esa comunicación son el primer dato del expediente. Y el artículo arranca diciendo «siempre que no concurran las circunstancias del artículo 172»: si el cheque fue el instrumento de un ardid previo, la figura aplicable es la estafa y no ésta.

Entre parientes no hay delito

Igual que en el hurto, el código exime de responsabilidad criminal —no de la civil— a un círculo familiar cerrado. La defraudación está expresamente incluida.

Código Penal, art. 185 — «Están exentos de responsabilidad criminal, sin perjuicio de la civil, por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren: 1. Los cónyuges, ascendientes, descendientes y afines en la línea recta; 2. El consorte viudo, respecto de las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de otro; 3. Los hermanos y cuñados, si viviesen juntos».

En los conflictos patrimoniales entre familiares —una administración de bienes que terminó mal, una sucesión, un negocio común— éste suele ser el planteo que corresponde hacer primero. Con dos límites: entre hermanos y cuñados exige convivencia, y no ampara a quien participó sin ser pariente.

La conciliación, salida propia de los delitos patrimoniales

En una causa por estafa, reparar el perjuicio no es un gesto de buena voluntad sin efectos procesales. En Córdoba tiene nombre y está en el código.

CPP de Córdoba, art. 13 bis — «Criterios de oportunidad. […] 5) Cuando exista conciliación entre las partes. Si como consecuencia de la conciliación y ante la existencia de daño las mismas hubieran arribado a un acuerdo resarcitorio, el Fiscal de Instrucción sólo podrá prescindir de la acción cuando la víctima haya percibido la totalidad de lo convenido».

CPP de Córdoba, art. 13 quater — «Efectos y trámite. La decisión que prescinda de la persecución penal determinará que el Juez de Control, a instancia del Fiscal de Instrucción, declare extinguida la acción pública con relación al participante en cuyo favor se decide mediante el dictado de una sentencia de sobreseimiento».

Cuando el camino funciona, el resultado es un sobreseimiento. No una suspensión ni una espera. Pero las condiciones son duras y hay que decirlas antes. El fiscal sólo puede prescindir de la acción cuando la víctima percibió la totalidad de lo convenido, de manera que un plan de pagos a futuro no alcanza. Y el artículo 13 ter excluye estas reglas en varios supuestos: entre ellos, cuando el imputado tiene antecedentes penales computables o ya fue beneficiado antes con un criterio de oportunidad o con una suspensión del juicio a prueba, y también cuando existe una situación de desigualdad entre imputado y víctima, derivada del poder o de la capacidad económica del primero, que favorezca el aprovechamiento de la vulnerabilidad de la segunda.

Queda también la suspensión del juicio a prueba, con una discusión que el propio texto abre.

Código Penal, art. 76 bis — «El imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años, podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba. […] Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el Tribunal podrá suspender la realización del juicio».

El artículo 172 tiene un máximo de seis años, con lo cual, leído en abstracto, queda fuera del primer párrafo. El cuarto párrafo habla de la condena aplicable y no de la escala, y es el que sostiene la lectura según la cual lo que pesa es la pena que el caso concreto permitiría dejar en suspenso. La discusión sigue abierta. Se gana o se pierde con los hechos del expediente, y conviene saber de antemano cuál es el criterio del tribunal que va a resolver.

Si la denuncia es contra usted, y si es suya

Para quien está imputado el orden es claro: leer el expediente antes de cualquier declaración, reconstruir la cronología documental de la operación y recién ahí resolver si el caso se defiende por el encuadre —no hubo ardid previo, es un conflicto civil— o si se encamina a una conciliación.

Para quien fue víctima vale lo mismo invertido. La denuncia que sirve no es la que relata la indignación. Es la que acompaña comprobantes, capturas con fecha, datos de la cuenta de destino y el detalle de qué se dijo antes de que el dinero saliera. Lo que no se preserva en los primeros días —un perfil que se da de baja, un chat que se borra— después no se recupera.

Las normas están transcriptas según su texto vigente al día de esta publicación; conviene verificarlas siempre en su fuente oficial. Esta página describe cómo funcionan estas figuras y no sustituye el análisis de un caso concreto, que depende de sus hechos y de su prueba.

Para seguir leyendo: qué pasa si me citaron de la fiscalía, cómo se arma una defensa penal, paso a paso y por qué la falsa denuncia casi nunca es el artículo 245.

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