Proceso penal

Allanaron mi casa. ¿Qué pueden hacer y qué no?

El allanamiento es la medida más invasiva que el Estado puede disponer sin haber acusado todavía a nadie. Por eso está rodeada de condiciones estrictas, y por eso lo que se hace —o se deja de hacer— en esos veinte minutos suele decidir después buena parte de la causa.

Por José Manuel Fiz Chapero · Abogado penalista, Córdoba

Esta nota explica cómo funciona el allanamiento de una vivienda en la Provincia de Córdoba: quién tiene que firmar la orden, en qué horario se puede entrar, en qué casos excepcionales se entra sin orden y qué conviene hacer mientras dura el procedimiento. Es información general y no reemplaza el estudio de una causa concreta.

La orden la firma un juez, no el fiscal

Es el punto que más sorprende, incluso a quien ya tuvo contacto con el sistema penal. En Córdoba el fiscal de instrucción dirige la investigación y puede ordenar por sí muchas medidas de prueba. Pero para entrar a una vivienda no alcanza con su firma.

Constitución de la Provincia de Córdoba, art. 45 — «El domicilio es inviolable y sólo puede ser allanado con orden motivada, escrita y determinada del juez competente, la que no se suple por ningún otro medio. Cuando se trate de moradas particulares, el registro no puede realizarse de noche, salvo casos sumamente graves y urgentes».

La Constitución provincial es más exigente que la Nacional. El artículo 18 de la Constitución Nacional declara inviolable el domicilio y remite a la ley para determinar en qué casos y con qué justificativos se lo puede allanar. Córdoba fue más lejos: exige orden judicial, la exige por escrito, la exige motivada y determinada, y agrega una cláusula que no admite lecturas creativas —«no se suple por ningún otro medio»—.

El Código Procesal Penal recoge esa distinción con precisión.

CPP de Córdoba, art. 203 (Registro) — «Si hubiere motivos suficientes para presumir que en determinado lugar existen cosas pertinentes al delito, o que allí puede efectuarse la detención del imputado o de alguna persona evadida o sospechada de criminalidad, el Tribunal o Fiscal de Instrucción ordenará, por decreto fundado bajo pena de nulidad, el registro de ese lugar. Si fuere necesario allanar el domicilio, la orden debe ser emitida por el Juez bajo las condiciones y requisitos mencionados en el párrafo anterior».

Registrar un lugar y allanar un domicilio no son la misma cosa. Lo primero puede disponerlo el fiscal; lo segundo, solamente el juez. La misma lógica reaparece en materia de secuestro: el artículo 210 autoriza al fiscal a ordenarlo «si no fuere necesario allanar domicilio». Cada vez que el legislador provincial se topa con la puerta de una casa, la decisión vuelve al juez.

Ese contraste vale la pena señalarlo, porque en Córdoba conviven dos criterios opuestos: para entrar a una vivienda hace falta un juez, pero para privar de libertad a una persona durante la investigación, en la mayoría de las causas, alcanza con un decreto fundado del fiscal. El domicilio está mejor protegido que la libertad ambulatoria.

Qué mirar en la orden

La orden no es un papel de trámite. Tiene que decir cosas concretas, y el propio Código enumera cuáles bajo pena de nulidad: el lugar, el día y la hora en que la medida debe efectuarse, y el nombre del funcionario comisionado.

Conviene entonces leerla, no ojearla. Tres preguntas alcanzan para lo esencial:

¿La dirección es exactamente esta? «Determinada», en el artículo 45, quiere decir determinada. Una orden librada para otra unidad del mismo edificio, o para un domicilio que no es el que se está allanando, es un problema serio del procedimiento.

¿Está motivada? Una orden que no explica por qué se presume que en ese lugar hay algo vinculado al delito no cumple la exigencia constitucional ni la del artículo 203.

¿La firma un juez? Por lo dicho más arriba.

Nada de esto se discute en la puerta. Se registra mentalmente, o se anota apenas se puede, y se discute después, por escrito y con el expediente a la vista.

De día

CPP de Córdoba, art. 204 (Allanamiento de la morada) — «Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias cerradas, la diligencia sólo podrá comenzar desde que sale hasta que se pone el sol. Sin embargo, se podrá proceder a cualquier hora en casos sumamente graves y urgentes (Constitución Provincial, artículo 45), cuando peligre el orden público o si el interesado o su representante lo consienten».

La regla es el día natural, no el horario administrativo: de la salida a la puesta del sol. La excepción existe, pero es excepción y debe estar justificada en la orden. Si el procedimiento comenzó de noche, la hora es un dato que hay que asentar y conservar.

La restricción horaria protege la vivienda. No rige para oficinas administrativas, establecimientos de reunión o recreo, locales de asociaciones ni ningún otro lugar cerrado que no esté destinado a habitación particular (art. 205).

Los cuatro casos en que entran sin orden

Aquí conviene ser claro, porque es donde más confusión hay. Existen supuestos en los que la policía puede entrar sin orden judicial, y están taxativamente enumerados.

CPP de Córdoba, art. 206 (Allanamiento sin orden) — «No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Policía Judicial podrá proceder al allanamiento de morada sin previa orden judicial: 1) Si por incendio, inundación u otra causa semejante, se hallare amenazada la vida de los habitantes o la propiedad. 2) Cuando se denunciare que personas extrañas han sido vistas mientras se introducían en un local, con indicios manifiestos de ir a cometer un delito. 3) En caso de que se introduzca en un local algún imputado de delito grave a quien se persiga para su aprehensión. 4) Si voces provenientes de una casa anunciaren que allí se está cometiendo un delito, o de ella pidieran socorro».

Son cuatro situaciones de urgencia real, y la enumeración es cerrada. No hay un quinto supuesto de «investigación urgente» ni de «riesgo de que se pierda la prueba». Tampoco basta invocar la etiqueta: si se entró por el inciso 3, tiene que haber una persecución concreta de un imputado concreto por un delito grave, y eso debe surgir de las actuaciones.

Vale señalar la tensión que arrastra este artículo. La Constitución provincial dice que la orden judicial «no se suple por ningún otro medio»; el Código admite cuatro casos en que se entra sin ella. La explicación tradicional es que se trata de situaciones de necesidad, ajenas a la lógica de la investigación penal. Eso mismo obliga a interpretarlas con criterio estricto: cuanto más se estira el artículo 206, más cerca queda de convertirse en la vía por la que se elude el artículo 45.

El consentimiento: el punto donde más causas se pierden

El artículo 204 permite entrar a cualquier hora «si el interesado o su representante lo consienten». Y en la práctica, muchísimos procedimientos se apoyan en que el morador dejó pasar.

Esto merece una advertencia franca. Nadie está obligado a autorizar el ingreso a su casa sin orden judicial. Negarse no es un delito ni un indicio de nada: es el ejercicio de una garantía constitucional. Y una vez que se autoriza, se pierde la posibilidad de discutir después la validez de todo lo que se secuestró adentro.

La Corte Suprema fijó hace tiempo un estándar exigente sobre esto. En «Fiorentino» (27 de noviembre de 1984, Fallos 306:1752) rechazó que pudiera deducirse un consentimiento tácito de la mera falta de resistencia del morador: sostuvo que el consentimiento debe ser expreso, anterior al ingreso y prestado sin coerción, y anuló tanto el allanamiento como el secuestro que se había obtenido en él.

De modo que si no hay orden y le piden permiso, la respuesta razonable es que no lo presta y que quiere hablar con su abogado. Dicho con calma, sin discutir y sin interponerse físicamente. Lo que no corresponde es firmar después un acta donde conste que autorizó lo que en realidad no autorizó.

Durante el procedimiento

CPP de Córdoba, art. 207 (Formalidades para el allanamiento) — «La orden de allanamiento será notificada al que habite o posea el lugar donde debe efectuarse. Cuando éste estuviera ausente, se notificará a su encargado o, a falta de éste, a cualquier persona mayor de edad que se hallare en el lugar, prefiriendo a los familiares del primero. Al notificado se lo invitará a presenciar el registro. Cuando no se encontrare a nadie, ello se hará constar en el acta. Practicado el registro, se consignará en el acta su resultado, con expresión de las circunstancias útiles para la investigación. El acta será firmada por los concurrentes. Si alguien no lo hiciere, se expondrá la razón».

Hay un derecho concreto escondido en esa norma: a quien se notifica se lo invita a presenciar el registro. No es una cortesía. Presenciar significa poder ver de dónde sale cada cosa que después va a figurar como secuestrada. Quedarse en otra habitación mientras revisan, y enterarse recién al final de lo que encontraron y dónde, deja a la defensa sin nada que contrastar.

Sobre el acta, tres cosas prácticas. La primera es leerla antes de firmar, entera, incluida la parte que describe cómo se ingresó. La segunda es que firmar no significa estar de acuerdo: significa haber estado presente. Si hay algo que no coincide con lo que ocurrió, se puede pedir que se deje constancia, y el Código prevé expresamente que quien no firma explique por qué. La tercera es pedir copia.

Y algo que no está en el Código pero decide causas: escribir todo el mismo día. Quiénes entraron, a qué hora, cuánto duró, en qué habitación apareció cada objeto, quién estaba presente en cada momento, qué se dijo. A la semana ese recuerdo ya está deformado, y a los tres meses no sirve.

Si el lugar es un estudio jurídico o un consultorio

El artículo 205 contiene una previsión que suele desconocerse. Cuando el registro debe practicarse donde ejercen su actividad personas matriculadas en colegios profesionales, hay que avisar con la debida anticipación al colegio profesional de la jurisdicción, que puede designar un representante para participar del acto y formular observaciones dirigidas a asegurar el respeto del secreto profesional. El profesional, además, tiene derecho a requerir el registro fílmico de la integridad del acto.

Es una garantía que protege menos al profesional que a sus clientes o pacientes, cuyos datos están en ese lugar sin tener nada que ver con la investigación.

Qué pasa si el allanamiento fue irregular

El Código no deja esto librado a la buena voluntad. El artículo 203 dispone el decreto fundado «bajo pena de nulidad», y lo mismo la orden escrita con lugar, día, hora y comisionado. Cuando una norma está prescripta expresamente bajo pena de nulidad, el acto que la incumple es nulo (art. 184).

La consecuencia relevante es que la nulidad no se agota en el acto viciado: alcanza a lo que se obtuvo a través de él. Eso fue precisamente lo que resolvió la Corte en «Fiorentino», donde el allanamiento inválido arrastró consigo el secuestro que lo había justificado todo.

Ahora bien, esto se plantea por escrito, en el momento procesal que corresponde y con fundamento en constancias concretas del expediente. No se resuelve discutiendo en la puerta ni negándose a firmar. Por eso importa tanto lo anterior: la nulidad de mañana se construye con lo que se observó y se registró hoy.

Si allanaron tu casa, lo primero es reconstruir el procedimiento por escrito mientras está fresco y leer la orden. Contame qué pasó y qué se llevaron, y te digo qué se puede discutir.

Para seguir leyendo: qué pasa en las primeras horas de una detención y cuándo procede la prisión preventiva.